Justicia constitucional deja en la indefensión a personal hospitalario, a pesar de conocer que existen 1.082 personas en hospitales que no tienen equipo de protección personal para enfrentar el Coronavirus

El Juez constitucional Migue Narváez Lima, el 27 de abril de 2020 ha notificado la sentencia escrita de la Acción de Protección propuesta por Samantha Gordillo y David Paz Viera, miembros del Colectivo Acción Jurídica Popular, con el objeto de que se dota a todo el personal hospitalario del equipo de protección personal que necesitan para proteger adecuadamente su vida, la de su familia y la de las personas que atienden. Para la audiencia se presentaron varios AMICUS CURIAE y se adjuntaron pruebas de cómo también eran objeto de trabajo excesivo y en condiciones muy poco dignas. En la audiencia lo más llamativo fue que el propio Ministerio de Salud aceptó que el 5% del personal hospitalario, 1.082 de 19.867 personas, no poseían el equipo de protección personal porque ellos mismo se habían negado a usarlo. 

Al Juez no le interesó conocer en que centros hospitalarios estaban repartidas esas 1.082 personas que según los registros del propio Ministerio se encuentran desprotegidas y atendiendo a otras personas. Le bastó con la versión del Ministerio de Salud que dijo que la contratación es engorrosa y que ya mismo tendrán más implementos y por eso no hay violación de derecho a la salud. Nos preguntamos:

¿Estaremos seguros de poder asistir a un centro hospitalario y no encontrarnos con un miembro del personal médico que se encuentra sin protección?

¿No estará la salud en riesgo o ya es común que esto ocurra y se normalizó que el Ministerio de Salud nos diga esto?

¿Los jueces y fallos judiciales pueden aceptar sin más que haya 1.082 personas trabajando sin protección y que digan que no hay peligro y violación de derechos constitucionales a la salud y la vida porque, supuestamente ellos no han querido recibir el equipo personal de protección?

¿Debe sin más aceptar un juez constitucional lo que afirma el Estado como prueba cierta, sin cerciorarse y asumirla como verdad, teniendo en cuenta que la carga de la prueba de acuerdo al 86 numeral 3 de la Constitución se ha invertido y el Estado debe probar que no es cierto lo alegado por los demandantes?

El debate judicial poco argumentado y serio, lo que hace es lastimar la vigencia de los derechos constitucionales y el control constitucional que se debe realizar a las omisiones de la autoridades públicas, más cuando ha sido público lo que ha pasado con los médicos, enfermeros y el resto del personal hospitalario, especialmente en la hermana provincia de Guayas. Los juzgados se han vuelto Notarías de los cuentos y cinismo estatales, que se ven impunes por la falta de control, el miedo de los afectados y la poca confianza en el sistema judicial para acudir a ellos para que protejan los derechos.

Hemos interpuesto recurso de apelación y no vamos a desistir de luchar en este ámbito. No es ingenuidad, es verificar que el sistema no resiste y que deben hacerse cambios para que jueces puedan hacer su trabajo sin la presión o miedo que tienen el resto de servidores, de perder su trabajo por tomar decisiones en contra del Gobierno. Ustedes podrán verificar que pidieron se nos sancione por ejercer el derecho de asistir a los tribunales, por ser alarmistas, temerarios y maliciosos, nos dijeron. Con ello se entiende porqué muchos nos escriben y piden reserva. Las fotografías son pruebas que se mostraron de cómo estaban siendo tratado el personal hospitalario.

¿Si ni la Corte Constitucional se atreve a controlar al Gobierno y viene dando la espalda a los derechos y la vigencia de la Constitución, se puede esperar que lo hagan los jueces más débiles? Al debate.

Puede encontrar la sentencia completa haciendo clik aquí: Sentencia de Acción de Protección, primera instancia, salud